El Tribunal de Cuentas pone bajo instrucción a Ballester y Galiana por el caso de los falsos autónomos en Mercavalencia.
- El Delantal CV

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València, 22 de junio de 2026.- El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Asociación de Mercados de la Comunidad Valenciana en relación con el pago de aproximadamente 7,5 millones de euros de fondos públicos destinados a hacer frente a sanciones derivadas de actuaciones de la Inspección de Trabajo sobre la situación laboral de trabajadores considerados "falsos autónomos" en Mercavalencia durante el periodo comprendido entre 2018 y 2025.
La denuncia señala como posibles responsables contables a quienes ocuparon la presidencia del Consejo de Administración de Mercavalencia durante los años investigados, entre ellos los concejales Santiago Ballester y Carlos Galiana. El objetivo del procedimiento sería determinar si existió algún tipo de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos empleados para afrontar dichas sanciones.
Según sostiene la Asociación de Mercados de la Comunidad Valenciana, los costes derivados de estas actuaciones han sido asumidos con dinero público, por lo que considera necesario esclarecer si las decisiones adoptadas por los responsables políticos y gestores de la entidad fueron ajustadas a derecho y si procede exigir el reintegro de las cantidades abonadas.
Por otra parte, la entidad denunciante afirma que Mercasa, Mercavalencia y el Ayuntamiento de València han planteado alegaciones relacionadas con cuestiones de admisibilidad y legitimación dentro del procedimiento. Estas entidades defienden sus posiciones jurídicas en el marco de la tramitación abierta ante el órgano fiscalizador.
La controversia se centra en determinar si la gestión realizada durante los últimos años en Mercavalencia pudo generar un perjuicio económico para las arcas públicas y si existen responsabilidades que deban ser depuradas por la vía contable.
Desde distintos sectores críticos con la gestión municipal se reclama una mayor transparencia sobre las decisiones adoptadas en Mercavalencia y se cuestiona que los costes derivados de errores o irregularidades administrativas terminen siendo sufragados por los contribuyentes.
El procedimiento se encuentra actualmente en fase de tramitación y será el Tribunal de Cuentas quien determine, tras el análisis de la documentación y las alegaciones presentadas por las partes, si existen responsabilidades contables y, en su caso, las medidas que correspondan.




