Acusaciones de presunta estafa y apropiación indebida contra la Junta Directiva del Mercado Central de Valencia.

• Los urinarios ubicados en el edificio municipal del Mercado Central de Valencia son gestionados por la asociación de vendedores del mercado. Según la información de la que se dispone, desde el año 2012 la tarifa autorizada por el Ayuntamiento de Valencia para el acceso a dichos servicios era de 0,50 euros por persona.

  Sin embargo, durante años se habría venido cobrando 1 euro por uso, es decir, el doble de la cantidad autorizada. Esta situación plantea serias dudas sobre la legalidad de los importes aplicados a los usuarios y sobre la existencia de las correspondientes autorizaciones administrativas.

  
  

• La presidenta de la Junta Directiva, la Sra. Puchades, habría mantenido dicho sistema de cobro durante años. Por ello, resulta necesario esclarecer quién adoptó la decisión de aplicar una tarifa superior a la autorizada, quién la supervisó y cuál fue el destino de los ingresos obtenidos como consecuencia de esa diferencia de 0,50 euros por usuario.

  
  

• Asimismo, el pasado 22 de mayo la Junta de Gobierno Local aprobó elevar oficialmente la tarifa hasta 1 euro. Este acuerdo hace aún más necesario aclarar por qué esa misma cantidad se habría estado cobrando con anterioridad y durante un largo periodo de tiempo.

  También se solicita que se investigue la actuación de los responsables políticos que hayan tenido competencias en materia de mercados municipales durante estos años. En particular, se pide que se esclarezca el papel desempeñado por los concejales Santiago Ballester y Carlos Galiana, en relación con el conocimiento, supervisión o control de la gestión de este servicio.

  
  

• La Asociación de Mercados de la Comunidad Valenciana estudia la posibilidad de ejercer las acciones legales que considere oportunas ante los tribunales para que se investiguen estos hechos y, en su caso, se determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran existir.

  
  

• Igualmente, se considera que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, debería ordenar una revisión completa de la gestión de este servicio municipal y adoptar las medidas que estime oportunas en función de los resultados de dicha investigación.

• Los ciudadanos tienen derecho a conocer si las tarifas cobradas durante estos años se ajustaron a las autorizaciones municipales vigentes y si la gestión de los ingresos obtenidos se realizó con plena transparencia y conforme a la legalidad.

  
  

• Por todo ello, se solicita una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que correspondan.

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  foto de imágenes de pagina mercado central.

Redacción El Delantal.